Córdoba, 1974. Por entonces yo era un joven que había acabado el instituto y que estaba a punto de matricularse en la universidad. Un chaval con mil sueños y algo de vértigo al asomarse a la vida adulta. Igual que cualquiera a esa edad. Lo que pasa es que yo, como me ha ocurrido toda la vida, me movía en silla de ruedas. Y en estas que justo al cumplir los 18 años voy a comisaría a sacarme el Documento Nacional de Identidad. En la época era preceptivo hacerlo a esa edad. Pues eso: foto, nombre del padre, nombre de la madre, lugar de nacimiento… Y profesión. De profesión aquel policía tuvo a bien escribir "subnormal". Antonio Hermoso Palomino, de profesión "subnormal". Huellas dactilares impresas en tinta y listo.

 

Confieso que por entonces no supuso un gran trauma para mí. Mi vida transcurría al margen de la consideración que mereciera por parte de la administración de un régimen dictatorial encabezado por un anciano decrépito que acabaría cayendo como caen los árboles secos. Ahora bien, con el paso de los años sí he sido consciente de que las palabras importan. Que la elección de un término u otro para referirse a las personas, especialmente en la esfera de lo público, revela una determinada estructura social. Que si en los años 70 a las personas con discapacidad la burocracia les adjudicaba la profesión de subnormal, era porque se entendía que no podían ser otra cosa, que no tenían nada que aportar, salvo (y era esto lo que se esperaba) que estorbaran lo menos posible. Nada más.

 

Cuento esta anécdota personal al calor de la polémica suscitada por el informe sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución emitido por la Real Academia Española de la Lengua a petición del Gobierno. El artículo 49 de la Carta Magna dice: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. La RAE, con acierto, se pronuncia en el informe a favor de desterrar del texto constitucional de una vez por todas el término disminuidos. Yerra, sin embargo, al proponer su sustitución por personas discapacitadas, algo criticado con firmeza por las entidades que representan a este sector de la ciudadanía. Y con razón.

 

“Una cuestión lingüística menor”, podría opinar alguien. No, no lo es. El asunto tiene trascendencia filosófica, política y simbólica. No es solamente que la Academia obvie la terminología jurídica usada por las Naciones Unidas, la Unión Europea y por el propio ordenamiento español, que establecen la expresión personas con discapacidad (ahí está, por ejemplo, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU), sino que además sustantiviza el adjetivo discapacitado. Con ello se reduce la identidad del individuo a un estado o circunstancia específica, el de la discapacidad, que se extiende simbólicamente a todas las parcelas de su vida. Volviendo a lo personal y a mi silla de ruedas: yo evidentemente no tengo la capacidad de escalar el Everest. Pero en modo alguno soy una persona discapacitada. De hecho, he trabajado durante 30 años en puestos de gestión y representación en asociaciones vinculadas a la defensa de los derechos de este colectivo y, con mucho esfuerzo y rodeado de gente brillante, con algún logro alcanzado. Del mismo modo, una persona ciega es incapaz de leer un texto si no es en braille, pero eso no le impediría ejercer con  brillantez, pongamos por caso, la abogacía.

 

Pero no, la Academia de la Lengua opta por personas discapacitadas y no por personas con discapacidad. Afortunadamente, más allá de lo que piensen quienes tienen la función de pulir y dar lustre a nuestro idioma, en la calle empieza a imponerse la segunda opción: personas con discapacidad. Es, al menos en parte, la consecuencia de la lucha constante de las organizaciones que representan al colectivo y que también se desarrolla en el terreno simbólico de las palabras. Gracias a esa pelea es cada vez más extraño oír expresiones como subnormal, disminuido, inválido, minusválido, impedido y deficiente. No es que seamos unos ofendiditos y ofendiditas. A mí esas palabras, de hecho, no me ofenden. Es que esa pelea forma parte de la lucha de fondo por que se reconozcan los derechos de ciudadanía del colectivo. Por hacer ver que no somos menos.

 

Pero no nos podemos quedar solamente en el lenguaje políticamente correcto. El artículo 49 de la Constitución, el de la discordia con la Academia, dice (y atención a su sentido jurídico y político): “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.

 

Así que no nos sirve solamente que quienes ocupan los cargos de poder público incorporen, como ya hacen mayoritariamente, el término personas con discapacidad. Lo relevante finalmente es que trabajen por que esta parte de la población disfrute de los mismos derechos que se reconoce a todos los ciudadanos y ciudadanas, como establece la Constitución. Y ahí queda mucho por hacer.

 

Publicado por eldiario.es